Situación Jurídica

El ordenamiento jurídico del territorio español y la jurisprudencia en materia de drogas han permitido la configuración de un marco para la creación de clubes sociales de cannabis, establecimientos que desarrollan sus actividades a partir de una estricta auto-regulación y con unos límites bien definidos en base al análisis de las sentencias en el ámbito del consumo compartido.

En el año 1999 se produce un impulso en el movimiento CSC cuando el Comisionado para la Droga de Andalucía encomienda al Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Sección de Málaga, la elaboración de un informe jurídico acerca de la legalidad del uso terapeútico del cannabis para paliar los síntomas de ciertas enfermedades así como sobre la viabilidad legal de la creación de establecimientos donde se pueda adquirir y consumir tal sustancia. Juan Muñoz y Susana Soto, profesor titular y profesora ayudante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga y miembros del Instituto de Criminología, presentan el documento: "Uso terapeútico del cannabis y creación de establecimientos para su adquisición y consumo: Viabilidad legal", concluyendo que en España pueden existir lugares para el consumo privado, en los que cumpliendo una serie de condiciones se pueda adquirir y consumir ciertas cantidades de cannabis que no sobrepasen el límite del consumo normal.

En 2011 la Federación de Asociaciones Cannábicas del País Vasco (EUSFAC), solicita un dictamen a José Luis Díez Ripolles y Juan Muñoz Sánchez, Catedráticos de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, en relación a la viabilidad legal de los clubes sociales de cannabis como modelo de autoorganización del consumo. El documento refuerza las bases del movimiento a través de una nueva y exhaustiva revisión de la jurisprudencia.